Legisladores de la Coalición Cívica aseguran que el gobierno busca encubrir a los funcionarios y empresarios investigados en el caso de los cuadernos de las coimas. Es la conclusión a la que llegaron luego de dos varios pedidos de acceso a la información pública rechazados por parte de la Comisión de Defensa de la Competencia, que entre las evasivas y excusas presentadas a los diputados admitió que “no investiga personas humanas”.
Los legisladores Hernán Reyes, Paula Oliveto y Juan Manuel López presentaron ante la Comisión dos pedidos de acceso, el 17 de febrero y el 31 de marzo pasados.
“Se solicitó se brinde información respecto de la investigación por la conducta anticompetitiva de cartelización de la obra pública presuntamente registrada bajo el Expediente EX-2018-45873451-APN-DGD#MPYT en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a requerimiento de la Secretaría de Comercio de la Nación en 2018. La respuesta recibida contiene diversas Resoluciones, Dictámenes y Disposiciones que son de imposible acceso, dado que las mismas no están publicadas y forman parte de un expediente en el que no se nos permite el acceso”, advirtieron los legisladores luego de la primera respuesta de la Comisión.
Los datos requeridos eran básicos: informar el número de expediente ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de la investigación por la conducta anticompetitiva de cartelización en la obra pública del Estado Nacional iniciada en el año 2018, informar las partes presentadas en el expediente, quiénes se encuentran en proceso de investigación y si la investigación incluye ex funcionarios públicos que han participado en el cartel de la obra pública investigada, el estado actual del expediente, si se continúa con la investigación administrativa o se ha remitido a la Secretaría de Comercio de la Nación un dictamen por parte de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
También se requerían “las actuaciones, de existir, por parte de la Secretaría de Comercio de la Nación respecto del expediente con posterioridad al 10 de diciembre de 201”, y “si la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ha requerido, ofrecido o recibido información por parte de los Juzgados penales que se encuentran investigando los mismos hechos. En caso afirmativo, fecha del requerimiento o de la recepción de la información obrante.”
Luego de enumerar dos docenas de expedientes internos sobre supuestos incidentes, pedidos y rechazos por parte de algunos de los empresarios acusados de cartelizar obras públicas, sin que se revelara el contenido ni el avance de esas investigaciones, la Comisión de Defensa de la Competencia intentó justificar esa negativa: “corresponde aclarar que las investigaciones alcanzadas por la Ley N.° 27.442 gozan según su Artículo 34 de publicidad para las partes, pero no así para los terceros ajenos al procedimiento y por ello conforme al espíritu de la norma y la voluntad del legislador, los documentos que forman parte de este tipo de procedimientos no tienen vista ni acceso para aquellos que no cuenten con legitimación procesal para hacerlo.”
Según esa ley 27.442, entonces, “los procedimientos serán públicos para las partes y sus defensores, que lo podrán examinar desde su inicio. El expediente será siempre secreto para los extraños”.
Pero según los legisladores de la Coalición Cívica, esa frase fue aislada del resto del texto de la ley, cuya interpretación completa le daría una sentido opuesto.
“El Tribunal, de oficio o a pedido del Secretario Instructor de Conductas Anticompetitivas, podrá ordenar la reserva de las actuaciones mediante resolución fundada, siempre que la publicidad ponga en peligro el descubrimiento de la verdad. Dicha reserva podrá decretarse hasta el traslado previsto en el artículo 38 de la presente ley. Con posterioridad a ello, excepcionalmente el Tribunal podrá ordenar la reserva de las actuaciones, la cual no podrá durar más de treinta (30) días, a menos que la gravedad del hecho o la dificultad de la investigación exijan que aquélla sea prolongada hasta por igual periodo”, sigue la ley invocada.
“La Corte Suprema de la Nación ha establecido en los precedentes anteriormente citados que a la hora de negar el acceso a la información pública no basta con citar una excepción prevista en la normativa, sino que hay que fundamentarla y demostrar un riesgo cierto en que la divulgación de dicha información ponga en riesgo algún derecho o interés que la propia normativa busca proteger con las excepciones previstas”, recordaron los denunciantes.
No es todo: el rechazo al pedido de acceso a la información se encuentra firmado por tres de los vocales de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pérez Vacchini, Griffa Diaz, y Lepre) pero no por el presidente de la Comisión, Rodrigo Luchinsky. Y eso es lo que exige la ley 27.275 en su artículo 14.
Un último detalle oscurece más el proceso. En su primera respuesta a los diputados opositores, la Comisión afirmó que “de acuerdo a la relación de hechos (Disposición DISFC-2019-41-APN-CNDC#MPYT) emitida con fecha 30 de mayo de 2019, no han sido incluidas personas humanas en la investigación en curso.” Es decir que ni empresarios ni funcionarios están bajo análisis por haber montado una estructura para cartelizar la obra pública, tal como se reveló en la justicia federal en el expediente de los cuadernos de las coimas
“Hay un pacto de impunidad que se respetó desde el momento cero entre Alberto y Cristina, más allá de las internas”, le dice a Clarín uno de los denunciantes, Hernán Reyes. “Ese acuerdo consta en dejar de investigar la cartelización de la obra pública y no investigar a los funcionarios, entre los que están Julio De Vido y Cristina Kirchner. A partir de ahora Hang y Guzmán son responsables por lo que hagan con nuestra denuncia. A los ex secretario de Comercio Interior Paula Español y Roberto Feletti jamás les interesó la defensa de la competencia e hicieron todo para garantizar la impunidad de Cristina.”
“Argentina necesita salir de este pacto corporativo entre las empresas corruptas y funcionarios absolutamente corruptos. Este modelo de cartelización generalizada es la base de nuestro empobrecimiento. Tenemos que ponerle un fin definitivo”, cierra Reyes.
