La Federación Latinoamericana de la Magistratura (FLAM), reunida en San Pablo, eligió al juez argentino Marcelo Gallo Tagle como su nuevo vicepresidente.
Así la nueva directiva de la FLAM, que integran jueces de 19 países, quedó integrada por: Presidencia: Adriana Orocú-Costa Rica; Primera Vice Presidencia: Marcelo Gallo Tagle – Argentina; Segunda Vice Presidencia: Natasha García-Chile; Vocalía: Roberto Calderón-El Salvador; Vocalía: Vinicio Palacios-Ecuador y Vocalía: Ruby Ibarra-Panamá
Gallo Tagle es presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).
En marzo la AMFJN remarcó la necesidad de “cubrir las vacantes ya existentes tanto del Poder Judicial de la Nación cuanto de los Ministerios Públicos con urgencia”, especialmente “en aquellas jurisdicciones donde las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico realizan más daño y se tornan más violentas” en alusión a Rosario.
Además, la entidad advirtió que se deben “revisar las causas por las que esas conductas continúan desarrollándose, aún con sus autores encarcelados, desde las unidades del Servicio Penitenciario”.
La AMFJN emitió un comunicado en el que cuestionó la crítica que el presidente Alberto Fernández le dedicó al Poder Judicial durante el discurso de inauguración de sesiones del Congreso y dijo que ello “no contribuye a un dialogo productivo ni respeta los límites de las funciones”.
La entidad de los jueces sostuvo que “una genuina preocupación por el serio problema de la inseguridad y del incremento del crimen organizado -que venimos denunciando desde esta Asociación desde hace tiempo y reclamando la protección pertinente- exige un trabajo serio y conjunto de los tres poderes del estado y que este Poder Judicial viene cumpliendo de manera sistemática”.
“Desde esa perspectiva también corresponde evaluar el acierto o desacierto de las reformas propuestas cuya concreción el Presidente reclamó también al Congreso a fin de evitar que se dilapiden recursos que, siendo escasos, entendemos deben ser asignados racionalmente”, agregaron.
Desde la Asociación de Magistrados consideraron que “un punto de inicio deba ser cubrir las vacantes ya existentes tanto del Poder Judicial de la Nación cuanto de los Ministerios Públicos con urgencia especial en aquellas jurisdicciones donde las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico realizan más daño y se tornan más violentas, -cuestión esta que también viene reclamando la Asociación desde hace tiempo- como también el revisar las causas por las que esas conductas continúan desarrollándose aun con sus autores encarcelados, desde las unidades del Servicio Penitenciario”.
“Los problemas complejos no admiten respuestas simples ni tampoco demoras. La implementación del Código Procesal Penal Federal requiere también de una inversión de fondos más que de una expresión de voluntad, como de una evaluación realista de sus alcances y fines en el que el lugar institucional de los Ministerios Públicos sea el correcto”, sostuvieron los magistrados.
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