Un circuito de préstamos entre ex funcionarios del municipio de Quilmes, proveedores de la administración de Mayra Mendoza, empresarios y cooperativas, es una nueva ruta de fondos que investiga la justicia federal para establecer si hubo o no un desvío millonario de dinero. Tras un extenso informe remitido por la AFIP, el juzgado de Luis Armella pone la lupa sobre movimientos cruzado de fondos por más de 58 millones de pesos.
Según la información que llegó al magistrado, están bajo la lupa una serie de préstamos recibidos en 2020 por el ex empleado de Quilmes Martín Bordalejo por 58.250.000 pesos. Entre los acreedores de Bordalejo, hay proveedores del municipio, algunas de las cooperativas que están bajo investigación, y otro de los imputados en la causa, el ex secretario de Hábitat Sebastián Raspa. A su vez, tanto Bordalejo como Raspa fueron vinculados a las empresas offshore Raspa Investments LLC y Borda Investments LLC, abiertas en noviembre de 2020 y cerradas este 6 de mayo, el mismo día en que estalló el escándalo en el portal de noticias El Disenso.
La causa que se investiga en el juzgado federal de Quilmes -en Comodoro Py hay otra similar en manos del juez Ariel Lijo- tiene como principal imputada a Mendoza y a exfuncionarios del Municipio, quienes tienen control o son parte de cooperativas de trabajo que fueron beneficiadas con contrataciones por 535 millones de pesos entre 2020 y 2021.
Para los investigadores, esa red de nombres es más amplia de lo que parecía. Algunos de los ex funcionarios estarían relacionados, de manera directa, a través de participaciones societarias o acuerdos comerciales, con empresarios que también figuran como proveedores del Municipio.
La causa inició con la publicación del sitio El Disenso, que expuso un conjunto de contratos del municipio que dirige Mayra Mendoza con cooperativas de trabajo.
El listado de cooperativas bajo investigación es extenso: Confederación Nacional de Cooperativas Limitada, Cooperativa de Trabajo Imprenta 19 de Febrero Limitada, Cooperativa de Trabajo la Estrella Limitada, Cooperativa de Trabajo para el Futuro Limitada, Cooperativa de Trabajo Barrio Unido, Cooperativa de Trabajo El Progreso Limitada, Cooperativa de Trabajo Unión de Azul y la Federación de Cooperativas de Trabajo 1° de Mayo Limitada.
Un dato: la mayoría de ellas comparten el mismo domicilio declarado en la constitución social y además, registran la misma dirección de correo electrónico.
Entre 2020 y 2021 tres de esas organizaciones recibieron contratos de Quilmes por 535 millones de pesos. Mayoritariamente, para realizar tareas de recolección de basura y mantenimiento de espacios públicos. Al investigar una por una las cooperativas -a las cuales se les levantó el secreto bancario y fiscal- la justicia dio con otros datos relevantes.
Una ruta de dinero bajo la figura de mutuos financieros, es decir préstamos. La primera sospecha es que el dinero declarado bajo esta figura podría corresponder a fondos que no pueden justificarse. La justicia quiere determinar si parte de los 535 millones de pesos buscaron disimularse bajo este circuito.
Alejandro Scozzari es un empresario que está imputado en el expediente. Dueño de una constructora que recibió contratos por 85 millones de pesos de la administración de Mendoza. Lo hizo a través de la firma The Wolf Building S.A., en la que es socio de Martín Bordalejo, ex funcionario de Quilmes cuya renuncia a ese empleo fue aceptada y publicada el 13 de mayo de 2020 a través del Decreto 1023/2020. A su vez, ambos comparten tres firmas radicadas en Miami también investigadas en este caso.
Estos vínculos societarios se entrelazan con algunas cooperativas. Por ejemplo, como ya contó Clarín, el padre de Martín Bordalejo figura como tesorero de la Cooperativa de Trabajo Unión de Azul Limitada.
Esa organización recibió contratos por 82.740.000 pesos. A su vez, según consta en los informes comerciales, se encuentra vinculada a la Cooperativa de Trabajo El Progreso, que recibió fondos por 63.187.548 pesos para tareas de fumigación y control de plagas, red secundaria cloacal en Barrio Paseo y la adquisición de hormigón. La madre de Bordalejo, Susana Marta Orellano, estaría vinculada con la Cooperativa de Trabajo El Progreso.
Otro de los principales apuntados en el caso es el ex subsecretario de Hábitat y Obras Públicas de Quilmes, Sebastián Raspa. El mismo renunció cuando se radicó la denuncia penal y previo a terminar imputado. Su madre, Lilian Delia Cardenes, y Miriam Etel Cardenes -“quien podemos suponer es una pariente”, señalaron fuentes judiciales a Clarín– es la tesorera de la Cooperativa de Trabajo Barrio Unido Limitada.
Bordalejo tiene relación con otras cooperativas, “ya sea como autoridad, como representante, como firmante de sus cuentas o su domicilio declarado en Quilmes”, indicaron fuentes del caso.
Es con Martín Bordalejo como pieza clave que se detectaron los préstamos bajo investigación. Ante la AFIP, declaró haber recibido préstamos por 58.250.000 pesos en el año 2020.
Entre sus acreedores señaló a Martín Leonel Borgio, quien es proveedor del Municipio de Quilmes. Recibió contratos por 400 millones de pesos, pero tiene emitidos casi 400 cheques sin fondos. Sin embargo, según los papeles, le prestó a Bordalejo: 19,5 millones de pesos.
Bordalejo también habría recibido 21,4 millones de pesos de The Wolf Building, la constructora a la que Mayra Mendoza le otorgó obras por 85 millones de pesos.
Algo aún más significativo observó la justicia. Bordalejo declaró que recibió dinero de la Cooperativa de Trabajo Barrio Unido Limitada, por 3,6 millones de pesos. Se trata de una de las cooperativas bajo investigación. Pero también Sebastián Raspa, ex secretario de Hábitat de Mendoza y otro de los principales imputados en la investigación, figura prestándole 7.350.000 pesos.
“Estas operaciones merecen ser investigadas, ya que podría tratarse de una manera de blanquear operaciones espurias”, explicaron fuentes de la investigación.
A poco de conocerse la imputación formulada por la fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, Alejandro Scozzari se presentó ante el juzgado de Armella para ponerse a disposición. Raspa y Bordalejo hicieron lo mismo días después: rechazaron tener empresas en el exterior y haber participado de cualquier maniobra delictiva.
La fiscal Cavallo los imputó a ambos junto a Mayra Mendoza, por los delitos de defraudación a la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y lavado de activos. por una cifra que superaría los 535 millones de pesos.
