Histórico día para el fútbol argentino y sus cuestiones ajenas al campo de juego: este martes, por primera vez un presidente de un club de nuestro país terminó preso y condenado por la Justicia por sus relaciones con la barra brava.
Se trata de Pablo Esser. Al ex presidente de Sportivo Belgrano de Córdoba, que supo jugar la Primera Nacional, el Tribunal Oral 1 de Córdoba lo condenó a cuatro años de prisión por encontrarlo partícipe de negocios con un grupo narco manejado por el jefe de la barra del club, Braian Requena, a quién le impusieron ocho años de prisión.
Tanto el dirigente como el delincuente, estaban acusados de comercialización de estupefacientes, sin autorización o con destino ilegítimo y lavado de activos de origen delictivo en carácter de coautores y partícipes necesarios, según indicó el propio Tribunal en la causa.
Pablo Esser, ex dirigente condenado a prisión.
Según escribió el especialista Gustavo Gravia en una nota de Infobae, el proceso mostró cosas insólitas. Por ejemplo, las inversiones de Requena a partir del dinero producido: pasó de vivir en una propiedad prestada a comprarse, según la investigación, siete casas que puso a nombre de testaferros, una de ellas de dos pisos con una pileta de dimensiones muy importantes y jacuzzi al aire libre, y un campo con muchos caballos.
Braian Requena, jefe narco de la barra de Sportivo Belgrano.
Esser, por su parte, se adjudicó un récord en nuestro país: ser el primer presidente preso y condenado por una asociación delictiva con la barra. Hasta ahora como antecedente estaba el proceso que se llevó adelante a fines de los 90 al ex presidente de Estudiantes de La Plata, Daniel de la Fuente, acusado de bancar a los violentos del club, en el que quedó finalmente sobreseído.
La causa se inició en 2018 con la investigación del fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut, quien hace unas semanas fue condenado por corrupción a cinco años de prisión. Todo comenzó con una denuncia anónima que apuntaba a la actividad de una banda que se dedicaba a la venta de estupefacientes y al lavado de activos por medio de la emisión de facturas apócrifas.
