“No entiendes realmente algo, a menos que puedas explicárselo a tu abuela” (Albert Einstein).
Es importantísimo decodificar para el público general los debates legales que surgen en nuestra sociedad, porque justamente la Ley afecta toda nuestra vida cotidiana; desde que nacemos, hasta que morimos.
¿Cuál es el problema legal involucrado en la denuncia que Javier Milei realizó a la periodista Débora Plager? Lo que está en juego en este litigio es el derecho a la Libertad de Expresión, y cómo se aplica. La pregunta del millón aquí es dónde empieza y dónde termina este derecho.
O sea, ¿qué podemos decir en público, sin quedar expuestos a una sanción económica impuesta por un Juez? Recordemos que el diputado libertario denunció judicialmente a la periodista y solicitó a un Juez que la obligue a abonarle la suma de un millón de pesos, argumentando que los dichos de la periodista lo afectan y no están protegidos por nuestra Constitución.
La frase que pronunció la periodista fue esta: “… es muy hitleriano”, refiriéndose al comentario que Milei pronunció a los gritos en un set de televisión: “¡Estamos aplastando en la batalla cultural a los zurdos de mierda (…) somos superiores moralmente, superiores estéticamente y mejores en todo (…)!”.
Lo que debemos preguntarnos es: (i) ¿qué es el derecho a la libertad de expresión?; (ii) ¿cuál es la finalidad de este derecho?; (iii) ¿qué consecuencias genera que algo que uno dice esté o no protegido? Y, por último, (iv) cómo nos afecta a nosotros, los ciudadanos comunes, que los periodistas tengan que pagar sanciones económicas por las cosas que dicen.
Comencemos ahora con nuestro análisis “Apto para Todo Público”, respetando el orden de las preguntas formuladas más arriba. Nuestra Constitución Nacional es muy clara: debemos respetar la libertad de expresión (o sea, el derecho a que cualquier persona diga lo que piensa) porque existen muchos otros derechos que, a su vez, dependen del respeto de este derecho básico. ¿Qué quiere decir que otros derechos dependen de un derecho básico?
Veamos un ejemplo práctico: mis derechos a recorrer la ciudad, a comprar un alfajor en el quiosco, a visitar a mi abuela o ir a una universidad a estudiar, dependen de otro derecho básico: mi derecho constitucional a transitar (moverme) libremente por la República Argentina. ¿Y por qué digo que todos esos derechos “dependen” de este último?
Porque si pierdo el derecho a moverme libremente (imaginemos que alguien me encierra en una habitación), entonces jamás podré ir hasta un quiosco a comprar un alfajor, ni llegar hasta la casa de mi abuela para saludarla, y mucho menos caminar hasta la sede de la universidad donde pretendo estudiar.
Volvamos a nuestro caso. ¿Cuáles son los derechos ciudadanos que, a su vez, dependen del derecho a la libertad de expresión? ¿Cuáles son nuestros derechos cotidianos que se perderían si se eliminara el derecho básico que tiene un periodista a expresar su opinión?
Las leyes de absolutamente todos los países desarrollados (incluida la República Argentina) coinciden en la respuesta a esta pregunta: el derecho más importante, que depende directamente de la libertad de los periodistas de decir lo que piensan, es el derecho de los ciudadanos comunes a obtener información sobre el Poder.
Ellos sólo pueden lograrlo a través de los periodistas que investigan, justamente, a ese Poder. Cuando digo “poder” me refiero a absolutamente todo lo que resulta inalcanzable para nosotros, los ciudadanos de a pie: para mí es imposible saber qué está pasando en las sesiones del Congreso de la Nación, cómo se está gestionando la pandemia y las vacunas, cuál es la relación entre el presidente y la vicepresidenta de la Nación, qué está haciendo la oposición para mejorar nuestro país, y quienes son los convocados para integrar la Escaloneta en la próxima fecha FIFA.
La razón por la que no puedo investigar todo esto no tiene que ver con mi falta de talento para hacerlo, sino con algo mucho más mundano: tengo tres hijos chicos, una esposa y 3 trabajos. No tengo tiempo para ir al Congreso, al ministerio de Salud, a la casa rosada, al bunker de la oposición y al “predio que la AFA posee en Ezeiza” para saber qué está pasando en cada lado.
Entonces, mi derecho fundamental (¡y crucial!) a saber qué está pasando en mi país depende absolutamente de los periodistas que cubren estos lugares de poder. A su vez, mi derecho a organizar mi vida, y tomar decisiones trascendentales sobre cómo y donde criar a mis hijos, donde invertir mis ahorros o a quién votar depende de mi derecho a saber que ésta ocurriendo en mi país.
En resumen, las decisiones cotidianas de mi vida y mi familia dependen de la información que yo logre juntar sobre la realidad. Es por esta razón que todos los países avanzados protegen tan enérgicamente la libertad de expresión (o sea, la libertad de los periodistas para contarnos toda la información que necesitamos para organizar nuestras vidas como nos parezca).
Pensemos esto: la única manera que tenemos los ciudadanos comunes de saber qué piensa y cómo actúa una persona que tiene importantes chances de ser el próximo presidente de los argentinos (Javier Milei) es a través de las opiniones y reflexiones que los periodistas nos ofrecen sobre esa persona; ninguno de nosotros tiene la posibilidad de recibir a los candidatos a presidente en nuestros livings y escuchar los planes que ejecutarán cuando lleguen al poder. No me imagino nada más relevante para nuestras vidas que conocer cómo actuará la persona que conducirá el destino de nuestro país.
Por último, quiero compartirles una idea: la libertad de expresión es un derecho raro. ¿Por qué es raro? Porque, a diferencia de casi todos los demás derechos, está pensado para proteger los intereses de todos los demás, y no tanto de quien posee ese derecho.
Esto es lo raro. Por ejemplo, el derecho a la propiedad protege al propietario de un bien, y a nadie más. Contrariamente a esto, la libertad de expresión de un periodista se preocupa más del resto de las personas, que del periodista que ejercita ese derecho dado que, como vimos más arriba, somos nosotros, el resto los ciudadanos, los verdaderos beneficiarios de la información que el periodismo genera, protegido por su libertad de expresión.
Esta dimensión “colectiva” de la libertad de expresión no suele analizarse en los medios, y me parece crucial para nuestro entendimiento cívico de qué es lo que está realmente en juego: no es “Plager vs. Milei”, ni una periodista vs. una figura pública; son 45.000.000 de personas, y su posibilidad de acceder a información relevante para sus vidas.
Por eso es tan delicada la amenaza de castigo económico que pueda sufrir una periodista: esto podría persuadirla de no emitir una opinión en el futuro por miedo de ser demandada judicialmente. Y, como vimos más arriba, no sería el periodismo el principal afectado por esa autocensura, sino el resto de nosotros… quienes nos veríamos privados de información valiosa para organizar nuestras vidas con libertad.
Porque en la “era de la información”: información es igual a Libertad.
Ignacio Mazzocco es Profesor de la Universidad de San Andrés y ex asesor de Naciones Unidas.
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