El Gobierno envió al Congreso su proyecto para ampliar la Corte Suprema a 25 miembros. También promueve en estos días una ley que grava la renta inesperada de las empresas que consiguieron aumentar su facturación gracias a los cambios de precios en mercados internacionales alterados por la invasión rusa a Ucrania. Ninguna de esas ideas se convertirá en ley. La oposición consiguió la media sanción en Diputados del proyecto que reemplaza las listas sábana por la boleta única en las elecciones, pero todo indica hoy que no reunirá los votos necesarios para que avance en el Senado.
Son todos proyectos que buscan cambiar de forma muy notoria el funcionamiento de la Justicia, la dinámica de las empresas privadas y los mecanismos para que los ciudadanos elijan a quienes los gobiernan y quedaron atrapados en un tipo de relación que establecieron los dos sectores políticos más importantes. Como no es posible el desempate y no existe la posibilidad de establecer acuerdos que dejen satisfechos a los integrantes de los dos polos, no hay forma de ponerle un broche a las discusiones.
No son las únicas iniciativas atrapadas en ese bloqueo: ni Mauricio Macri ni Alberto Fernández pudieron reunir las mayorías necesarias para nombrar un Procurador General de la Nación; la Corte Suprema tiene un hueco que se llenará vaya uno a saber cuándo y el puesto de Defensor del Pueblo ya está más cerca de ser eliminado del ordenamiento legal que de ser ocupado.
El bloqueo incluso tiene efectos sobre el futuro. Hay funcionarios que no quieren firmar hoy decisiones que pueden comprometerlos si hay un cambio de Gobierno, empresarios que no aceptan invertir hasta que no se reconstruya un sistema político que permita una alternancia entre presidentes con capacidad de establecer compromisos mínimos pero duraderos con sus adversarios y familias que reprimen decisiones sobre sus vidas privadas hasta que se ordene el conflicto público.
No sorprende a nadie que haya desacuerdos también sobre el camino que hay que tomar para salir de ese laberinto. En el Frente de Todos, el kirchnerismo sabe que no tiene candidatos propios para ganar una elección y conseguir una hegemonía como la que llevó al matrimonio Kirchner a encadenar tres mandatos consecutivos y por eso seguirá tratando de corregir la alianza gobernante desde adentro. A Fernández no le queda otra que jurar hasta el último minuto de su mandato que buscará su reelección, aún sabiendo que, si lo consigue, es un segundo mandato sufrirá los mismos problemas que tiene en este con Cristina Kirchner.
En Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta insiste con que, luego de la elección que eventualmente lo consagre, armará una coalición que abarque el 70% de los actores políticos. El Jefe de Gobierno cree que, sin ese instrumento, será imposible establecer reformas duraderas. En otras palabras, dice que se puede ganar por un voto pero resulta imposible gobernar con una ventaja tan pequeña. Macri y Patricia Bullrich se diferencian mucho de Rodríguez Larreta en ese aspecto. El ex presidente y su ex ministra creen que una coalición del 70% de la política no tendrá la vocación de reformar nada. “Cada uno que vos incorporás te pide que modifiques algo de tu idea original y así terminás tomando medidas que no cambian nada”, repite Macri. En el radicalismo no comparten casi ninguno de los sueños de Macri y aspiran a rearmar un núcleo fuerte de votantes de clase media que aspiren a reconstruir los canales de la negociación política en las instituciones.
