El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que presidió Horacio Verbitsky hasta principios de año y renunció por el escándalo del Vacunatorio VIP, se opuso a reabrir la causa por el atentado de Montoneros contra el comedor de la Policía Federal que dejó en 1976 un saldo de 24 muertos.
En un comunicado de prensa, el CELS que ahora preside Sofia Tiscornia, dijo que “la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal decidió mantener abierta la causa que investiga un atentado cometido por la organización Montoneros en julio de 1976”.
“La excusa es la falta de fundamento de la decisión de la jueza de primera instancia María Servini; aunque su decisión en verdad había sido fundada con precisión: los hechos ocurridos en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal fueron declarados prescriptos y esa decisión está firme“, agregó. Verbitsky integró Montoneros y fue uno de sus jefes de inteligencia.
“En tanto los jueces ignoran este argumento, lo que hacen es reinstalar la idea de que las muertes provocadas por las organizaciones de la época son equiparables a delitos de lesa humanidad“, sostuvo.
La entidad de derechos humanos, precisó que “aunque jurídicamente esta discusión esté saldada en la Argentina, cada cierto tiempo aparecen estas decisiones judiciales que reabren la cuestión. Las resoluciones del poder judicial no ocurren en el vacío ni son inocuas“.
“Hoy estamos viendo el crecimiento de sectores políticos de ultraderecha que reivindican el accionar del Estado argentino durante los años 70. Sostener abiertas vías judiciales contra toda jurisprudencia solo sirve para producir lo que está pasando ahora mismo: una ola de discursos que equiparan a las organizaciones de militantes con la violencia de Estado más cruenta del siglo XX, ola que, además, nutre los discursos que justifican el endurecimiento estatal contemporáneo”, agregó.
La acción de Montoneros “podría haber sido investigada en su momento por la justicia penal. Eso no fue así porque el Estado, en lugar de este camino, eligió un método clandestino de represión y exterminio, cuyas consecuencias todos conocemos”, destacó.
Los jueces “recogen argumentos relacionados con el derecho a la verdad, derecho que efectivamente es una obligación internacional del Estado asociada a la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos de lesa humanidad cuando hay un obstáculo para la imposición de una sanción”. Se trata del derecho a la verdad de los familiares de los 24 muertos.
El derecho a la verdad lo puso en marcha esta misma Cámara Federal, integrada por Martín Irurzún, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi, cuando el entonces presidente Carlos Menem sancionó una virtual amnistía a militares y guerrilleros condenados durante el gobierno de Menem. Es decir, no se podía penalizar a los militares pero si investigar la verdad en una causa.
En este caso, “no hubo inconvenientes de ese tipo: la causa penal está prescrita y los peticionantes pueden pedir información al Estado sobre los hechos. Probablemente, enfrentarán numerosos obstáculos porque la dictadura se encargó de ocultar y destruir mucha información”.
