El Gobierno informó esta semana a la Justicia que aún le quedan 400 cargas de la Mafia de la Aduana sin abrir a casi seis años que comenzó el escándalo.
En un informe que le entregó al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, la Aduana señaló que ya abrió 1216 contenedores que tenían mercaderías por un valor de mercado de 310 millones de dólares.
Entonces, le quedan 400 sin abrir. Trató de justificar su retraso en la pandemia del Covid y la falta de coordinación con el ministerio de Defensa y de Desarrollo Social para identificar la mercaderías y donar a entidades sociales las que no sean bebidas de alcohol.
Hasta principios de año, se donaron 88 toneladas de ropa del Decreto de Necesidad y Urgencia 52/17 y la causa a distintas municipalidades de corrientes y ONGs para colaborar con los damnificados por los incendios.
Esta causa tiene tres grandes expedientes. El primero donde están imputados los hermanos Paolantonio y que por una decisión polémica de la Cámara de Casación sus procesamientos será revisados por una sala con un solo miembro titular de la Cámara en lo Penal Económico.
Otro es por un intento del empresario Cuqui Laborda Ibarra y del cuñado de Julio De Vido, el “Mono” Minnicelli, entre otros, de sacar cinco contenedores judicializados. Y otra por tratar, también, de sacar otro contenedor. En esta última causa está procesado el empresario Gabriel Garcés.
La apelación de Laborda Ibarra de su condena a Casación ya cumplió 2 años y medio de retraso.
En respuesta al sindicato de la Aduana que defiende a funcionarios acusados en estas causas, el juez Aguinsky escribió en el expediente una defensa de su investigación, informaron a Clarín fuentes judiciales.
“Entiendo el esfuerzo de las defensas en pretender una y otra vez, “sacar la lata de abajo de la pirámide” para lograr el derrumbe probatorio que permita exculpar a sus asistidos”, dijo el juez.
Agregó que “una “exitosa estrategia” que recorre la historia judicial de las últimas décadas, donde la Aduana ha sido un vergonzoso terreno fértil colonizado en parcelas por el delito”.
Esta investigación “se circunscribe a un universo de casi 2000 contenedores, de los cuales 1200 de ellos llenos de valiosas mercaderías, fueron abandonados por sus dueños” que no los reclamaron. Están a nombre de empresa fantasmas, en su mayoría.
Ese dato “de por si, acredita el “desborde delictual” del que fue víctima el organismo” del Estado.
“Por la Aduana debe pasar todo el comercio exterior. Importaciones y exportaciones están sometidas a su control, convirtiéndola en un espacio estratégico donde transitan grandes negocios”, añadió Aguinsky.
La Constitución Nacional “reconoce su importancia vital en la formación del nuestro erario (art.4). Abandonar su cuidado y protección para favorecer aprovechamientos ilegales, constituye un ataque directo contra los intereses de la sociedad”, sostuvo.
En ese contexto, se preguntó “¿cuál debe ser el rol de la justicia? Verificar el robo de impuestos y la destrucción de trabajo argentino en un concierto de intereses pocas veces visto, erige a los tribunales en el único espacio institucional para poner las responsabilidades en su lugar”.
“Estos “desbordes delictuales” no sólo afectan intereses económicos, sino que deterioran burdamente la confianza pública”, remarcó el magistrado.
“Claramente, reafirmamos nuestro criterio de que no existe declaración de nulidad posible sobre el acto procesal que fuera cuestionado”, afirmó.
Por último, el juez Aguinsky dijo que “no puede tener receptividad favorable el permanente intento de impugnar una medida de prueba cuyos resultados ilustran (desnudan) con objetiva claridad parte de la maniobra investigada”.
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