Las noticias, los titulares, los tuits y los hashtags fueron casi unánimes: el gobierno porteño prohíbe el uso del lenguaje inclusivo.
La resolución dice otra cosa.
“Establézcase que en el ejercicio de sus funciones los/as docentes en los establecimientos educativos de los niveles inicial, primario y secundario y sus modalidades, de gestión estatal y privadas, deberán desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y y los lineamientos oficiales para su enseñanza”.
La escuela, en tanto que institución del Estado, confirma que todas sus actividades curriculares e institucionales se desarrollan en el idioma oficial de la República Argentina. Tener en claro en qué idioma o idiomas damos clases y aprendemos (como ejemplo, hay escuelas con educación cultural bilingüe español/guaraní en Chaco) no debería ser motivo de polémica. Pero lo es y sucede porque no es una discusión sobre la lengua sino una discusión sobre la política.
En Argentina el llamado “lenguaje inclusivo” tiene un uso casi completamente asociado a posicionamientos ideológicos y sería un error, una ingenuidad o una hipocresía desconocerlo pretendiendo que hablamos solo de cuestiones gramaticales.
La lengua compartida es un territorio común. Los inmigrantes que arribaron a la Argentina desde fines del siglo diecinueve aprendían español en las escuelas aunque no fuera el idioma que se hablaba en sus casas, porque quienes pensaron la educación estaban pensándola dentro de un modelo de país que incluía a todos: los que estaban y los que llegaban. La lengua compartida permite esas cosas.
Desde el “todos y todas” de Cristina Fernández para acá, las distintas variantes genéricas en los saludos, en las interpelaciones, en los comunicados, se han convertido en un rasgo distintivo, en un modo de reconocimiento de una porción de la sociedad, en un santo y seña discursivo para marcar pertenencia. Su no uso, también.
Hay argumentos que insisten en que la lengua debería adaptarse a nuevas realidades y que es eso lo que viene a hacer el “lenguaje inclusivo”. Es claro que la lengua es dinámica y va cambiando, pero también es cierto que la lengua es un sistema que nos antecede y los cambios no los decide nadie. La lengua va mutando con el tiempo y no a voluntad de las personas, los colectivos, los gobiernos. Mientras en la escuela vamos aprendiendo las reglas, la gramática, la sintaxis, los hablantes nos apropiamos de la lengua y la usamos como queremos, con jergas, dialectos, modismos, juegos de palabras. Algunas de estas particularidades persistirán y formarán parte del sistema, con el tiempo y paulatinamente.
¿Realmente creemos que los chicos llegan a la escuela hablando en “lenguaje inclusivo”? Si leemos una parte de los comentarios de los últimos días pareciera que la sociedad habla y escribe cotidianamente con los y las, x, e, @ y que esto es una realidad que, de abajo hacia arriba, está clamando por imponerse. Sin embargo sabemos (aunque siempre podemos ignorar lo que no nos conviene) que el “lenguaje inclusivo” no es un territorio común sino un espacio de disputa. Es un discurso político y, por lo tanto, confrontativo, parcial, ideologizado. Legítimo dentro de las reglas de juego de la discusión pública, pero sesgado al fin.
Las reacciones y coberturas del tema en relación a lo dispuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no hacen más que confirmar esta idea. Hace años que somos testigos del modo en que distintas reparticiones públicas, universidades, ministerios, oficinas y dependencias marcan el terreno discursivo con sus “estimades” y otras variantes al comienzo de sus alocuciones, en carteles y consignas. Hace años también que vemos que el lenguaje cotidiano es otra cosa.
Con respecto a la reglamentación que dio origen a este debate, todo parece una verdad de Perogrullo. Que resulte necesario decir que en las escuelas se trabaja con el idioma español sería como aclarar que nos mantenemos en el sistema decimal para las sumas y restas. Lo cierto es que el debate sobre una supuesta prohibición siguió y tal vez una de las causas es que la comunicación oficial fue, cuanto menos, errática.
“Vamos a limitar el uso del @, la X y la E dentro del aula y en las comunicaciones oficiales de las escuelas”, escribió el Jefe de Gobierno. Ya que hablamos del lenguaje, convendría ser más precisos y también tener en cuenta que esto lo hace un gobierno que en sus comunicaciones oficiales insiste con el desdoblamiento genérico: los y las docentes no es una construcción incorrecta aunque sí atenta contra el principio de economía del lenguaje. Si suponemos que no todas las personas se sienten aludidas con el genérico del español deberíamos aceptar también que la división entre masculino y femenino es binaria y deja afuera otras realidades, pero eso implicaría una concepción diferente sobre la lengua que relaciona género gramatical con identidad de género. El gobierno porteño cita la “autoridad” del idioma oficial a la vez que lo va ajustando al espíritu de la corrección política imperante.
Y acá aparece la segunda causa por la que creo que el centro del debate no recayó en lo efectivamente reglamentado sino en la palabra prohibición, porque la dimensión confrontativa que el discurso sobre el lenguaje tiene en nuestro país es palpable y sin embargo no se ha hecho explícita. ¿O acaso vamos a hacer de cuenta que los comunicados sindicales se refieren a un debate epistemológico sobre la lengua y los hablantes?
Insisto: cuando hablamos de “lenguaje inclusivo” estamos frente a un posicionamiento político. No es un lenguaje natural como sí es la lengua materna, esa que aprendemos sin pensarla, que hablamos sin saber de sintaxis y gramática, que incorporamos sin dificultades ni razonamientos y de la que, más adelante en la escolarización, conocemos sus reglas y convenciones. No es un lenguaje sino un discurso político llamado a la confrontación y por eso mismo su dimensión más evidente no es la inclusión sino todo lo contrario.
El “lenguaje inclusivo” exige una perspectiva para adherir, un posicionamiento ideológico y una artificialidad para hablarlo que genera tantas dificultades como el aprendizaje de cualquier segundo idioma. Pensémoslo así, ¿en qué otras circunstancias que no sean las de un debate político los hablantes se manifiestan a favor o en contra de la lengua en la que hablan?
No podemos acomodar la lengua a nuestros deseos, ideas o circunstancias. El discurso sí. Quizás el gobierno porteño quiso decir que la enseñanza de la lengua no debería estar atravesada por los posicionamientos ideológicos, pero no lo dijo. Para decirlo una vez más, en nuestro país, las x, e, @ como marcas genéricas, en realidad están cumpliendo la función discursiva de marcar posición. No están llamadas a incluir destinatarios sino a hacer un señalamiento sobre quien habla y también sobre quien no las usa. Entonces no es el lenguaje, es la política.
