Instalada la media sanción del proyecto de Boleta Única de Papel en el Congreso Nacional, Juntos por el Cambio intentará avanzar con la misma propuesta en la Legislatura bonaerense para marcarle la agenda política al gobierno de Axel Kicillof.
La coalición gobernante es refractaria a la reforma de esta parte del sistema electoral. Esta confrontación se dirime en un ámbito de paridad casi absoluta en ambas cámaras de la Provincia. Con esta condicionalidad, la iniciativa ingresó este jueves en la comisión de Reforma Política y Régimen Electoral. Allí, la oposición tiene mayoría (9 integrantes contra 6). Superado un primer dictamen favorable, otras dos comisiones deberán evaluar su tratamiento posterior en el recinto. El ámbito de presentación fue en el Senado, a diferencia del Congreso donde el proyecto tuvo entrada por Diputados para lograr su aprobación.
En la Cámara alta bonaerense, las bancas empardan 23 a 23. En caso de empate, la vicegobernadora Verónica Magario dirime con su voto. Esta ecuación requiere de alguna deserción en el FdT. La pulsión por los números y el ritmo político del debate parlamentario en la Legislatura queda limitado al avance o retroceso de la BUP en Nación.
Es el paño donde se juega. La primera movida del bloque opositor en Provincia procura mostrase consistente. Tiene el apoyo de más de medio centenar de intendentes partidarios. Legisladores y jefes comunales sostienen que “garantiza transparencia y se gasta mucho menos presupuesto en el comicio”.
Entre las ventajas comparativas con la “lista sábana” es que se eliminan las legiones de fiscales que debe disponer cada fuerza o frente político. Es un esquema de gente movilizada y costos emergentes. Hasta ahí la coincidencia. Sobre el mecanismo completo de aplicación, el FdT plantea dudas e insinúa que la oposición busca el efecto político con el planteo.
Precisamente, la pelea es por quién impone agenda. En esa porfía, hace diez días, Alberto Fernández, esta vez con el acompañamiento del kirchnerismo, quiso adelantarse con los anuncios de las obras del gasoducto Néstor Kirchner desde Vaca Muerta, Neuquén, hasta Buenos Aires. El acto del centenario de YPF era el montaje. Terminó mal. El presidente, la vice Cristina Kirchner, el ministro de la Producción, Matías Kulfas, y el amplio espacio gobernante, fagocitaron en apenas horas ese eventual acierto. Todo en medio de acusaciones por repartos de poder en el área energética, sospechas de ilícitos u operaciones de fácil comprobación.
El escándalo resultó un resquicio para la oposición. Hubo denuncia judicial. Comparecencia posterior de Kulfas en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Rápido, el funcionario se quitó el sayo. Apenas 72 horas antes había renunciado con un documento donde presuponía que las obras del gasoducto estaban direccionadas en favor de la empresa Techint. “No vi delito”, aclaró en la testimonial.
Para entonces, cualquier ilusión de unidad en el Frente de Todos se escurría en esos sumideros políticos.
Casi en simultáneo, Juntos por el Cambio aprovechó para salir de sus propios enredos por las candidaturas 2023 y apuró la sanción de la BUP en Diputados. El marco resulta ampliado porque sectores sin pertenencia a esa coalición, como el Interbloque Federal, donde abrevan Graciela Caamaño, Florencio Randazzo y otros peronistas impulsaron la norma. Con soportes de Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey y Emilio Monzó. Esa composición multipartidaria, aseguran, avala la razonabilidad de proyecto.
Cristina refuta. “No pasará el Senado” (que preside), advierte antes de tiempo. En apariencia, tiene la cantidad de bancas para impedirlo.
Esa correlación de fuerzas es similar en el Parlamento de Buenos Aires. En Diputados, el FdT no tiene mayoría. Algunos bloques aliados podrían sumarse. Incógnita, por ejemplo, el Frente de Izquierda. JpC tendría el apoyo de Avanza Libertad, y sus tres representantes.
Aún así, el Senado es el propician te de la ley.
“Es un tema que tiene todos los elementos para convertirse en realidad en los próximos meses. Esto porque en el Senado bonaerense, Juntos tiene 23 legisladores sobre 46. Y la Cámara de Diputados, entre Juntos y Avanza Libertad, tienen 46 sobre 92. Si a este 50% de representación legislativa abiertamente impulsora de la Boleta Única le sumamos otros bloques o legisladores que en otras oportunidades han defendido estos cambios, la posibilidad de su aprobación en los próximos meses es totalmente posible”, explicó el senador por Juntos Marcelo Daletto, autor de uno de los proyectos.
“No se trata de menoscabar y despreciar el sistema actual. El sistema actual ha traído vencedores de un lado y del otro. Nadie pone en discusión el fondo de nuestro sistema, pero en los últimos diez años el sistema electoral ha tenido distintas modificaciones que buscaron una mejora: esta sería una más”, insiste el senador Juan Pablo Allan.
Involucraría las elecciones generales y las PASO. También para los comicios de autoridades provinciales como municipales.
¿Qué pasaría si se aprueba la ley en la Provincia y no pasa lo mismo en el Congreso?. Se armaría tal engorro electoral que pondría en riesgo la mayor elección del país. ¿Alguien imagina votar BUP por un lado y Sábana para otro segmento de representación?.
Sobrevuela esa posibilidad.
“Vamos a estar en contra del proyecto porque el régimen electoral no trajo problemas desde el ’83 hasta ahora, la alternancia demuestra que es transparente. Además, este tema va a traer confusión a la hora del recuento, no queda claro qué pasa con los votos en blanco y va a haber muchos votos recurridos y nulos”, sentenció el senador massista Luis Pallares.
El ex senador y actual director del Bapro, Sebastián Galmarini, mencionó también que “la boleta única implica un aumento del costo de las campañas electorales dada la personalización de las candidaturas. Si bien es cierto que su uso se extendió en algunas democracias, no es menos cierto que países con democracias consolidadas como España, Finlandia, o Suecia sostienen instrumentos de votación como el utilizado en nuestro país. Noruega poseía un tipo de voto parecido al nuestro, y migró en plena pandemia hacia el voto electrónico”, detalló el cuñado de Sergio Massa.
La controversia no se agota en la cuestión académica o de práctica electoral. Está cruzada por otros temas de pesada deglución: uno es la Suprema Corte provincial. En el máximo tribunal hay tres sillones vacíos. En su normalización habrá lugares para la oposición y la paridad de género. Es el proyecto del FdT para ampliar la cantidad de integrantes.
Kicillof buscará que la Unión Cívica Radical (UCR) ocupe uno de los tres asientos vacantes. Institucionalmente debería ser de recorrido perentorio la normalización. Hoy, la Corte funciona con cuatro de los siete integrantes. Pero, oficialismo y oposición priorizan otras cuestiones. Designaciones en el directorio del Bapro, autoridades del Tribunal de Cuentas y en la Defensoría del Pueblo. Canonjías de la política, según los más críticos de esos arreglos.
La última designación de ministro en la Corte fue en el 2019 cuando la gobernadora María Eugenia Vidal giró el pliego de Sergio Torres, hasta ese momento a cargo del Juzgado Federal n° 12. Hoy completan los lugares Hilda Kogan -ejerce la presidencia- , Daniel Soria y Luis Genoud.
Queda otro obstáculo que debe saldar la Legislatura. La contra reforma previsional del Bapro, que intenta reponer el régimen jubilatorio a los empleados de la banca oficial. Vidal dispuso modificaciones para librar el estado provincial de asumir el déficit de 5.000 millones de pesos que tenía la caja de pasivos del Provincia. Augura un largo proceso. Tan largo que llegaría a las proximidades de la presentación del Presupuesto 2023, en setiembre u octubre.
En la primavera, la Boleta Única será constancia de cambio en el sistema electoral o apenas un estertor entre tantos intereses contrapuestos.
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