Sin los acuerdos de intercambio de información fiscal que tiene Argentina con Estados Unidos, no habría sido posible que el juez federal de Zarate-Campana, González Chavay y el juez nacional en lo Penal Económico Nª 2, Pablo Yardarola, avanzaran en una investigación por contrabando agravado contra los directivos, accionistas de NRG Argentina y una despachante de aduana a los que se considera responsables de sobrefacturar importaciones provenientes de Estados Unidos.

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La tentación por ganancias fáciles a través de mecanismos financieros abonados por la creciente brecha cambiaria se tradujo en una maniobra de sobrefacturación de importaciones que, al ser descubiertas por las autoridades aduaneras, ponen en riesgo la inversión millonaria realizada por los accionistas de la empresa y los más de 700 puestos de trabajo en un área de vital importancia económica para el desarrollo del país como es la cuenca de gas no convencional de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén.

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Los directivos de la compañía NGR Argentina habían sobrefacturado importaciones provenientes de Estados Unidos por U$S 83 millones. La mercadería consistía en “maquinaria pesada para el montaje y puesta en funcionamiento de una planta para producir arenas silíceas utilizadas para la provisión de arena de fractura para la industria del petróleo y el gas de Vaca Muerta”.

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Las maniobras financieras y delictuales que, presuntamente, realizaron los acusados, consistían en retornar los dólares sobrefacturados obtenidos a valor oficial para, luego, venderlos a precio legal del Contado con Liqui, haciendo un negocio con la diferencia entre ambas cotizaciones.

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En ese punto, los investigadores judiciales contaron con la información que llegó desde el extranjero por el acuerdo con los Estados Unidos.

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Con los datos norteamericanos se pudo reconstruir la ruta del dinero y determinar que uno de los socios de NRG Argentina era a su vez apoderado de una cuenta bancaria ligada al directivo de la compañía arenera, Pablo Marull, desde la cual se autorizaron giros por USD 43 millones que retornaron a la Argentina mediante sociedades de bolsa donde se liquidaron a valores de Contado con Liquidación (CCL) para realizar la diferencia cambiaria.

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