Tras quedar en evidencia por actuar como ejecutores de las necesidades políticas de los dirigentes, los Tribunales de Disciplina de los Colegios de Corredores y Martilleros están bajo la lupa en múltiples distritos. La parcialidad con la que actúan desde hace años –amparadas en acusaciones genéricas y sin pruebas concretas– ha quedado demostrada a partir de diferentes suspensiones de matrículas y de la obstaculización del trabajo de decenas de profesionales.
En el marco de la llamada “lucha contra las franquicias”, iniciada por los Colegios de Corredores y Martilleros hace años, las numerosas causas disciplinarias llevadas adelante contra los profesionales ya tenían la condena dispuesta de antemano y, además, se le exigía al matriculado denunciado la producción de una prueba negativa, es decir, probar que no hizo aquella actividad por la que se lo sancionaba.
Tal como vienen advirtiendo diversos abogados, a través de denuncias genéricas y generalmente idénticas, se acusa a los corredores que utilizan una red inmobiliaria o marca, de franquiciar la profesión asociándose con terceros no matriculados para que ejerzan la profesión. Casi todos los sumarios están basados en las mismas imputaciones carentes de sustento legal.
De todos modos, distintas sentencias judiciales han aclarado que en cada oficina hay un corredor matriculado que firma y sella todas las operaciones de reserva, boleto de compraventa y contrato de locación. A su vez, los jueces han definido contundentemente que los agentes inmobiliarios son simples “colaboradores” de los corredores matriculados responsables de cada inmobiliaria para la cual prestan servicios (como los comúnmente llamados “vendedores” de otras inmobiliarias), con la particularidad de que se encuentran contratados en los términos del contrato de agencia, especialmente regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación.
