La investigación judicial contra Jorge D’Onofrio, exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Axel Kicillof, tuvo un giro importante el último martes con una serie de allanamientos en distintas sedes vinculadas a la causa. La Justicia busca determinar si el exfuncionario benefició de manera irregular a la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), que opera fotomultas en cinco municipios bonaerenses.
El fiscal Álvaro Garganta y el juez de Garantías Juan Pablo Massi encabezaron el operativo, que incluyó el allanamiento de la sede de CECAITRA y el domicilio de su presidente, Bernardino Antonio García. Durante los procedimientos, se secuestraron documentos clave y dispositivos electrónicos que podrían aportar pruebas sobre el presunto favoritismo de la gestión de D’Onofrio hacia la empresa.
Según la investigación, la administración contaba con 155 cámaras en los municipios de La Matanza, Moreno, Tigre, Brandsen y Campana. Sin embargo, la Justicia sospecha que estos equipos no tenían las habilitaciones correspondientes por parte del Ministerio de Transporte provincial, lo que habría permitido a la empresa operar al margen de la ley.
