El juicio por la muerte de Diego Maradona, que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro, enfrenta una crisis institucional debido a la implicación de la jueza Julieta Makintach en la filmación de un documental no autorizado sobre el proceso judicial.
Makintach fue grabada en diversas situaciones dentro del tribunal, incluyendo su despacho y pasillos, sin el consentimiento de las partes involucradas en el juicio. Estas acciones violan las normas establecidas por la Corte Suprema y han generado cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso. La jueza es investigada por presuntas negociaciones con productoras audiovisuales interesadas en filmar un documental sobre el caso.
La fiscalía solicitó una suspensión de diez días del juicio para investigar la posible parcialidad de la jueza. Esta solicitud fue respaldada por las querellas y la mayoría de las defensas. Además, la Universidad Austral suspendió a Makintach de su cargo como docente de derecho penal y le abrió un sumario.