La Justicia de Tucumán avanzó este miércoles con un polémico pedido del jefe de los fiscales, Edmundo “Pirincho” Jiménez, para obligar a la empresa de cable e Internet local, Compañía de Circuitos Cerrados S.A., a que no transmita ningún contenido ni informe televisivo, radial o por Internet que critique o cuestiones la labor de los fiscales.
FOPEA ya salió a repudiar el acto de censura y advirtió: “FOPEA rechaza y manifiesta su preocupación por la decisión de la Justicia de Tucumán que impone un bozal legal a productores, periodistas y conductores. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechaza y manifiesta su preocupación por la decisión”.
En una decisión sin precedentes en la Justicia local, el documento al que tuvo acceso NEXOFIN exige al dueño de la empresa Compañía de Circuitos Cerrados S.A, Gustavo Aníbal Gabriel Olarte, así como a sus productores, periodistas y conductores, “el cese inmediato de la difusión – por cualquier medio televisivo, radial, digital o en redes sociales- de todo contenido, programa o publicación que, directa o indirectamente, injurie, desacredite, tergiverse o distorsione la actuación de los fiscales, de sus funcionarios o de los magistrados intervinientes, y su abstención futura de realizar actos comunicacionales de igual naturaleza, bajo apercibimiento de desobediencia judicial”.
La medida cautelar fue pedida por la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, en función de la denuncia realizada por el Edmundo “Pirincho” Jiménez.
