En la Casa Rosada ya casi nadie disimula el enojo. El congelamiento salarial al que están sometidos los funcionarios nacionales desde el inicio del gobierno de Javier Milei dejó de ser una anécdota de pasillo y se convirtió en un foco de tensión interna que amenaza con escalar. Aunque el Presidente mantiene el ajuste como emblema de gestión, puertas adentro crece la presión para destrabar una recomposición que, por ahora, sigue en suspenso.
Ministros, secretarios y directores admiten que los salarios quedaron severamente atrasados frente a la inflación de los últimos dos años y que la situación comenzó a impactar en el funcionamiento cotidiano del Estado. “Se están yendo los mejores y se están quedando los que pueden aguantar”, describió ante este medio un funcionario de alto rango que respalda al Gobierno, pero reconoce que el malestar “ya es generalizado”.
Desde diciembre de 2023, el Gobierno exhibe el congelamiento de los sueldos políticos como una demostración simbólica de que “la casta también paga el ajuste”. Sin embargo, esa narrativa empieza a mostrar fisuras internas: funcionarios que cuentan dificultades para sostener sus gastos, directores que buscan trabajo en el sector privado y equipos técnicos que se desarman lentamente.
