La relación entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa uno de sus momentos más delicados, aun cuando desde el Ejecutivo buscan llevar calma al ambiente futbolero. En las últimas horas, autoridades oficiales volvieron a descartar cualquier intención de promover una intervención sobre la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia, pero ratificaron que el organismo continúa bajo un proceso de control que no está cerrado.
Desde la Inspección General de Justicia (IGJ) señalaron que no existe ninguna decisión política para avanzar sobre la conducción del fútbol argentino. Sin embargo, también dejaron en claro que la AFA sigue dentro del radar del ente de control porque no completó los pasos legales necesarios para dejar la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y trasladar formalmente su sede a la provincia.
El foco del conflicto no se limita al cambio de domicilio institucional. Una de las principales observaciones que pesan sobre la asociación tiene que ver con su situación administrativa: según explicaron desde la IGJ, siguen pendientes presentaciones clave como la actualización del estatuto, la correcta registración de la última comisión directiva y la regularización de expedientes que arrastran demoras desde hace varios años.
