En medio de la tensión política por la Ley de Emergencia en Discapacidad y la discusión del Presupuesto 2026, el Gobierno nacional aseguró haber detectado una grave irregularidad en el sistema de asistencia estatal: cerca de 180 mil personas que figuran como fallecidas continúan registradas como titulares activos del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
El hallazgo surgió a partir de una auditoría integral impulsada sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que incluyó un cruce de datos con el Registro Nacional de las Personas (Renaper). Según fuentes oficiales a las que accedió Infobae, la verificación permitió identificar que miles de certificados no habían sido dados de baja pese a que sus titulares ya no estaban con vida.
La investigación se aceleró tras la salida de Diego Spagnuolo de la conducción del organismo, envuelto en un escándalo por la difusión de audios que sugerían posibles maniobras irregulares dentro del área. En su reemplazo fue designado el sanitarista Alejandro Vilches, quien avanzó con una revisión profunda del padrón y autorizó la anulación de los certificados observados.
