El juez federal Martín Cormick hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y declaró la nulidad del protocolo antipiquetes diseñado e implementado durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad.
En su fallo, el magistrado indicó que “se conforma -de manera manifiesta- la ilegitimidad de la Resolución 943/23 y -en consecuencia- corresponde declarar su nulidad en los términos del artículo 1° de la ley 16986 por carecer de los elementos exigidos en el artículo 7° de la ley 19549 para ser considerado un acto administrativo válido”.
Tras conocerse la noticia, el Gobierno anticipó que apelará la decisión. “Sin protocolo antipiquetes no hay orden”, tituló el Ministerio y agregó: “Ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden”.
