A pocas semanas de que el Gobierno intente avanzar con la reforma laboral en el Congreso, los gobernadores comenzaron a endurecer su posición y dejaron en claro que el respaldo a la iniciativa de Javier Milei no será gratuito.
Si bien la mayoría coincide en que el actual esquema laboral necesita cambios, también advierten que no están dispuestos a convalidar un proyecto sin modificaciones ni tiempos de discusión adecuados.
La Casa Rosada apunta a tratar la reforma durante las sesiones extraordinarias previstas para febrero. Sin embargo, el escenario legislativo obliga al oficialismo a abrir una negociación fina con las provincias, que concentran un número clave de votos tanto en Diputados como en el Senado. En ese contexto, los mandatarios buscan recuperar protagonismo y condicionar el avance del proyecto.
Desde varias gobernaciones admiten que existe consenso en la necesidad de modernizar el régimen laboral, especialmente para reducir la informalidad y aliviar la carga sobre las pequeñas y medianas empresas.
