El directorio del BID aprobó este miércoles una garantía de USD 500 millones para Argentina, orientada a fortalecer las políticas de seguridad y justicia del país y mejorar su acceso a los mercados de capital. Según el organismo, esta herramienta permitirá movilizar USD 1.200 millones en financiamiento privado, en línea con el acuerdo de sostenibilidad fiscal firmado con el FMI.
Los fondos respaldarán el programa PROSEJUS, un paquete de reformas impulsado por el Gobierno para reducir la impunidad de delitos vinculados a organizaciones criminales. La iniciativa apunta a robustecer la persecución penal, la investigación criminal y la recuperación de bienes provenientes de actividades ilícitas.
El proyecto forma parte de la Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo del BID y plantea un esquema orientado a resultados para potenciar las capacidades de las fuerzas federales y los organismos de inteligencia criminal. Según estimaciones del organismo, el costo del crimen y la violencia en Argentina equivale al 3,9% del PIB, por encima del promedio regional.
