Un fallo de la Cámara Nacional en lo Civil modificó el escenario institucional de la AFA al declarar inválidas las medidas impulsadas por el Gobierno nacional para supervisar su funcionamiento. El tribunal resolvió a favor de la entidad y anuló tanto su inscripción ante la Inspección General de Justicia como la designación de veedores dispuesta por el Ministerio de Justicia.
Los jueces consideraron determinante el traslado de la sede social a Pilar, aprobado en asamblea en 2024, y su posterior inscripción en la provincia de Buenos Aires.
A partir de ese cambio, señalaron que el control legal y las facultades de fiscalización corresponden a la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense.
