La Corte Suprema definió la actualización del monto de decomiso, estableciendo que Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados deben restituir $685.000 millones.
El fallo busca neutralizar los efectos patrimoniales del ilícito, cumpliendo una función de “restauración de la justicia” ante el daño social provocado por la corrupción.
El proceso de ejecución patrimonial implica la pérdida de 20 propiedades vinculadas a la expresidenta y su familia. La defensa, encabezada por Carlos Beraldi, intentó frenar el embargo alegando que “no se ha producido una sola medida” probatoria que vincule el patrimonio de Máximo y Florencia Kirchner con el delito.
