El Gobierno nacional decidió dar un paso clave en la causa judicial que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presunta retención indebida de tributos y aportes a la Seguridad Social. A través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Estado fue aceptado formalmente como querellante en el expediente que tramita en el fuero penal económico y que tiene como imputados al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.
La resolución fue adoptada por el juez Diego Amarante, quien habilitó la participación activa del organismo recaudador dentro del proceso. De esta manera, la entidad gubernamental podrá proponer medidas de prueba, solicitar peritajes, intervenir en audiencias y ejercer un rol central en el impulso de la investigación, que apunta a determinar responsabilidades penales por la falta de ingreso de fondos retenidos.
La causa se originó a partir de una denuncia impulsada por la Dirección General Impositiva (DGI), en la que se sostiene que la AFA, en su carácter de agente de retención, habría descontado impuestos y aportes previsionales a terceros sin luego depositarlos dentro de los plazos legales establecidos. Según la presentación oficial, la maniobra investigada consistió en practicar efectivamente las retenciones, pero omitir su posterior ingreso al Fisco.
