La disputa judicial por el financiamiento de las universidades nacionales entró en una etapa decisiva luego de que la Corte Suprema quedara habilitada para emitir un fallo sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El reclamo se originó tras las objeciones del Gobierno a la norma, que había sido parcialmente vetada en 2025 y luego ratificada por el Congreso.
Desde la Casa Rosada sostienen que la ley no especifica de qué partidas presupuestarias deben salir los recursos ni cómo se financiarán los incrementos previstos.
