La Unidad de Información Financiera (UIF) acusa a la sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner de que el 88% de su facturación sirvió para el lavado de activos provenientes de la corrupción en la obra pública.
La acusación tiene lugar en el marco de la Causa Hotesur-Los Sauces, indicó Infobae, y de acuerdo a su dictamen, los integrantes de la familia presidencial participaron de manera activa en el andamiaje estructurado en el reciclaje de dinero de contratos públicos y beneficios impositivos otorgados a los grupos empresariales de Lázaro Báez e Indalo.
Esta estructura que la UIF resalta tenía el liderazgo, según dicha entidad, de Cristina Kirchner bajo la figura de jefa de una asociación ilícita, y habría coordinado, planificado y comandado a la misma entre 2009 y 2016.
