El gobernador Osvaldo Jaldo estuvo reunido hoy pasado el mediodía con la diputada Mabel Carrizo y con el dirigente Jesús Salim, con quienes charlaron sobre temas inherentes al trabajo parlamentario que la representante tucumana desarrolla en la Cámara Baja de la Nación.
Tras finalizar la reunión, Carrizo explicó que con Jaldo “charlamos de los diferentes temas que habló hoy en la conferencia de prensa, sobre las obras que El Cadillal necesita y que como diputados nacionales ayudamos para que se puedan concretar”.
“También hablamos de la moratoria previsional, a la que 25 mil tucumanos no pueden acceder a la jubilación porque diputados de la oposición, en el caso de Tucumán son cuatro, no quieren sentarse en su banca a dar quórum para tratar el tema en la Cámara de Diputados. Esto nos preocupa muchísimo porque hay muchas personas con edad para jubilarse y el gobernador nos trasmitió el pedido de que nuestro bloque incluya el tema en la próxima sesión”, expresó la legisladora nacional.
En tanto que para concluir, Carrizo comentó que “estamos viendo de hacer gestiones en los diferentes organismos a nivel nacional para traer soluciones a la provincia, entre ellos tenemos pendientes la apertura de cajeros automáticos en diferentes comunas de nuestra provincia”.
Oficialismo retomará la moratoria previsional en Diputados
A la espera de definiciones del Ejecutivo sobre eventuales sesiones extraordinarias durante el verano 2023, el oficialismo ratificó la “urgencia” de la nueva moratoria previsional y pujará por ese tema como una prioridad.
La titular de Diputados, Cecilia Moreau, manifestó esta semana que la Cámara baja “tiene una veintena de proyectos por tratar, entre los que se encuentra el Plan de Pago de Deuda Previsional por la que casi 800.000 personas verán reducidas al mínimo sus jubilaciones desde el 1 de enero”.
Moreau luego agregó que “en la última sesión -en referencia a la prórroga de ordinarias durante el corriente mes- no logramos alcanzar el quórum para aprobar esta ley, que ya tiene media sanción del Senado, por mezquindades que algunos todavía no pueden resolver ni explicar”.
Según la legisladora bonaerense, “es necesario que todas las fuerzas políticas trabajemos para resolver los problemas reales de los argentinos y argentinas y que, a través del diálogo, avancemos en soluciones concretas…”. Y dejó claro que la iniciativa que empuja el Frente de Todos “es una ley que necesitamos aprobar de manera urgente para que miles de ciudadanos que todavía no reúnen los 30 años de aportes puedan percibir lo que les corresponde y que podemos solucionar en un debate democrático, abierto y federal”.
Quien blindó la idea de Moreau fue el propio Alberto Fernández, que en declaraciones adelantó que convocará a sesiones extraordinarias para tratar temas como la “moratoria previsional” y distintas “alternativas” que se evalúan junto con el ministro de Economía, Sergio Massa, a fin de cumplir con el fallo de la Corte Suprema sobre coparticipación. El problema aún a resolver es descomprimir la tensión política en ambas Cámaras del Congreso, que dinamitaron las posibilidades de ir al recinto durante la prórroga del período ordinario que el Ejecutivo activó durante el corriente mes.
En el Senado, el proyecto cristinista de moratoria previsional fue apurado casi en modo exprés por Juliana Di Tullio, quien criticó en junio pasado la insistencia opositora “en cuanto a preguntarle al ministro de Economía -en ese entonces, era Martín Guzmán- por el costo fiscal”. En esa línea, aseguró que el mismo será “de 0,02% este año y 0,3% el próximo”, y disparó: “Es insignificante, pero para endeudarse en 50.000 ‘palos’ -en referencia a millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional- no pidieron ninguna aparición en este Congreso”.
Semanas después, la siempre seria Oficina de Presupuesto del Congreso dejó claro en un informe: “Se estima que para el primer año de aplicación de la medida el impacto fiscal sería de 0,27% del PBI, llegando durante el segundo año a 0,42% del PBI”. Es decir, muy alejado de lo expuesto y defendido por Di Tullio en la Cámara alta. Además, el Presupuesto 2023 ya está sancionado y, en caso de luz verde de la ley, deberá intervenir el Ministerio de Economía, en plenas negociaciones con el FMI.