Los allanamientos realizados sobre dirigentes piqueteros fueron el resultado de una investigación que detectó una estructura jerárquica de cinco niveles, donde los referentes y delegados piqueteros cobraban hasta cinco veces más que los beneficiarios rasos de planes sociales.
A lo largo de la investigación, la Justicia reveló un sistema extorsivo a través de análisis de escuchas telefónicas y mensajes de WhatsApp, con premios y castigos por participar en marchas, vender alimentos del Estado o realizar otros encargos.
El caso se inició en diciembre del año pasado, cuando el Gobierno habilitó una línea telefónica para denunciar extorsiones de piqueteros para obligar a los beneficiarios de planes sociales a acudir a manifestaciones. En este contexto, se recibieron 13,310 llamadas, de las cuales se atendieron 2,720 y 924 se transformaron en denuncias. La investigación se centró en 45 casos denunciados en la ciudad de Buenos Aires.
Con el avance de la investigación, se realizaron escuchas telefónicas sobre los acusados y se establecieron los mensajes que intercambiaban. Aunque el fiscal solicitó allanamientos, detenciones e indagatorias, el juez prefirió tomar declaraciones testimoniales primero. Finalmente, la Cámara Federal ordenó los allanamientos realizados recientemente.
