La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se sumará como querellante en una causa que investiga presuntas extorsiones realizadas por dirigentes sociales.
La denuncia surge a raíz de una investigación iniciada tras llamadas recibidas en la línea 134, que incluían acusaciones anónimas y de personas que se identificaron, mencionando amenazas de perder asignaciones y planes sociales.
Las modalidades denunciadas incluyen ofrecer subsidios a cambio de asistencia a marchas y movilizaciones, obligando a participar bajo amenazas de “dar de baja al Plan Potenciar” o de cobrar a los beneficiarios una suma de dinero fija o mensual como “castigo” por no asistir, entre otras situaciones similares.
Las denuncias provienen de diversas regiones, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Catamarca, Misiones, Chaco y Jujuy, entre otras.
