El Gobierno nacional atraviesa el tramo final del año con un calendario de pagos de deuda en pesos que obliga a una administración quirúrgica de los recursos financieros. Tras la última licitación de noviembre, el perfil de vencimientos muestra un pico significativo en diciembre, cuando el Tesoro deberá afrontar compromisos que rondan los $40 billones, en un contexto donde las condiciones monetarias y financieras siguen siendo frágiles.
La particularidad de este abultado vencimiento es que una porción importante está en manos de organismos del propio sector público, como el Banco Central, entidades públicas y fondos que dependen del Estado nacional.
Esto abre la puerta a reprogramaciones, canjes y refinanciaciones internas que permiten “patear” parte de los pagos sin generar un impacto directo en el mercado. Sin embargo, el riesgo aparece en los compromisos que están en manos privadas, que requieren una renovación efectiva para evitar una mayor emisión de pesos.
De acuerdo con estimaciones del sector financiero, al descontar los títulos en poder de la autoridad monetaria y otros entes oficiales, la deuda que efectivamente deberá refinanciarse en condiciones de mercado sería sensiblemente menor, aunque igualmente elevada.
