El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, dispuso una intervención en grado de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por un período de 180 días hábiles.
La medida, impulsada por la Inspección General de Justicia (IGJ), faculta a los veedores designados (el contador Rubén Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco) a realizar una auditoría integral sobre el funcionamiento contable y administrativo de la entidad. El objetivo formal es relevar documentación, verificar estados financieros y analizar procesos institucionales en un contexto de crecimiento exponencial de ingresos tras la obtención del Mundial de Qatar.
El origen de este conflicto se sitúa en la detección de lo que la IGJ calificó como “graves irregularidades”, vinculadas principalmente a la falta de presentación adecuada de balances y la insuficiencia en el detalle de los estados financieros.
