Tras la cuarta Marcha Federal Universitaria, el Gobierno acercó una propuesta a los rectores para cerrar el conflicto en torno a la Ley de Financiamiento Universitario. El Ejecutivo ofreció transferir los fondos previstos en su propio proyecto de reforma de la ley, que plantea reconocer solo la pérdida salarial de 2025 y no desde 2023.
A cambio, las universidades deberían retirar la cautelar que actualmente espera resolución de la Corte Suprema. Esa medida exige el cumplimiento de los aumentos en salarios y becas según la Ley de Financiamiento vigente. En caso de fallo adverso, el Ejecutivo debería desembolsar alrededor de 2,5 billones de pesos.
Las partidas cuentan con el visto bueno del Ministerio de Economía y se ejecutarían una vez cerrado el acuerdo. “Incluiría todo lo que está en nuestro proyecto de ley”, aseguró una fuente del Ejecutivo a TN, lo que evitaría que la iniciativa deba pasar por el Congreso.
Sin embargo, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) desmintieron haber recibido algo: “No hay nada de nada”, enfatizaron. Tampoco avanzó la convocatoria anunciada por el Ministerio de Capital Humano a las universidades con hospitales para destrabar una partida de 79.000 millones de pesos sin ejecutar.
