La investigación sobre María Soledad Calle, la sindicalista que compró el departamento ubicado debajo de la vivienda de Cristina Kirchner, sumó un nuevo capítulo. El juez federal Julián Ercolini levantó el secreto fiscal y bancario de la dirigente y ordenó una serie de medidas destinadas a reconstruir sus ingresos, patrimonio y movimientos económicos.
La decisión también alcanza a información relacionada con el dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Abel Furlán, la propia organización sindical y USEM SA, una empresa vinculada a Calle que mantiene un contrato de servicios con el gremio.
Para avanzar en la pesquisa, Ercolini pidió informes a distintos organismos, entre ellos la Unidad de Información Financiera (UIF), ARCA, Anses, Migraciones y el Ministerio de Capital Humano.
Uno de los objetivos centrales es conocer cómo evolucionó el patrimonio de Calle durante los últimos años y si sus ingresos declarados resultan compatibles con los bienes y operaciones que aparecen en el expediente.
