El Gobierno confirmó el inicio de un procedimiento sancionatorio dirigido a 45 sujetos por realizar operaciones “no autorizadas” en territorio argentino, abarcando a firmas que desarrollan “actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental”, a sus accionistas y a las empresas proveedoras de servicios.
A través de un comunicado oficial firmado por el presidente Javier Milei, la administración remarcó que las Islas Malvinas son argentinas “por historia y por derecho”, cuestionando que la ocupación británica haya profundizado la extracción de recursos naturales en el archipiélago austral.
El Poder Ejecutivo señaló que la medida representa un acto de justicia y “es también un mensaje claro” hacia la comunidad internacional, enfatizando que el Estado aplicará “toda la firmeza de la ley” frente a quienes pretendan lucrar violando la soberanía nacional.
