La jueza federal Loretta Preska dispuso formalizar en el expediente original la revocación de la sentencia que había obligado a la Argentina a pagar US$16.100 millones por la expropiación de YPF. La resolución deja asentado el efecto del pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que en marzo de 2026 falló a favor del Estado argentino.
La magistrada avanzó con el cierre de la instancia que había encabezado desde el inicio del proceso y rechazó el planteo de los demandantes para mantener abierto el expediente hasta conocer si la Corte Suprema estadounidense aceptará analizar el caso. La medida no supone una nueva revisión de los argumentos del juicio: instrumenta lo resuelto por el tribunal de alzada.
El conflicto sigue pendiente de una definición definitiva. Los representantes de los accionistas que obtuvieron la condena en 2023 presentaron un recurso ante el máximo tribunal de Estados Unidos con la intención de revertir la decisión de marzo y recuperar la indemnización. La Corte deberá decidir si admite esa solicitud.
