El oficialismo convocó a una sesión especial para el 18 de noviembre con el objetivo de avanzar con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa busca ampliar las sanciones contra las compañías que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina, con especial atención a las firmas vinculadas al proyecto Sea Lion.
La negociación parlamentaria coincide con la definición del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que el 28 de noviembre tiene previsto pronunciarse sobre el pedido argentino para suspender las operaciones de la petrolera.
El emprendimiento, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, proyecta iniciar las perforaciones en 2027 y la producción comercial un año después.
