La crisis de la Justicia no se detiene. En medio de las tensiones entre el Gobierno y los jueces y luego del fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura que ideó Cristina Kirchner en el 2006, los problemas siguen sin solución. Sobre todo, los que tienen que ver con los tribunales vacantes.
Según datos oficiales, en el arranque del año hay un 25% de los cargos de magistrados nacionales y federales sin cubrir y todo indica que las hasta que no se sancione una nueva Ley para modificar la Magistratura la posibilidad de cubrir esos despachos con magistrados se retrasará aún más.
En parte hay una fuerte responsabilidad del Gobierno que buscó imponer -sin negociación- a varios jueces en tribunales claves. El caso más emblemático fue la movida para desplazar a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. No pudieron hacerlo y esos dos magistrados siguen en su cargos.
Pero hay otros lugares que están vacantes. En los juzgados nacionales como federales hay 246 cargos sin ocupar. La designación de jueces sigue siendo una tarea que demanda procesos administrativos prolongados, y aunque desde el Consejo de Ia Magistratura hubo fuertes tensiones internas entre el oficialismo y la oposición que terminaron congelando los avances.
Los cuatro jueces de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti que fallaron contra el actual Consejo de la Magistratura
El desglose de cargos vacantes, según datos judiciales, sostiene que hoy hay 127 concursos en trámite y otros 10 sin que ni siquiera se haya realizado el llamado a concurso. Además, en el Poder Ejecutivo ya hay unos 104 pliegos que esperan aprobación del Presidente y 5 que ya están en el Senado, que controla Cristina Kirchner, a la espera de que sean aprobados.
Los cargos vacantes hoy se cubren con subrogancias: los jueces que acceden a hacerse cargo de otro despacho por el plazo de un año perciben un 30% más de salario.
Pero son varios los magistrados que admiten que las subrogancias no pueden continuar siendo el único mecanismo para cubrir cargos vacantes. «A la hora de hablar de administración de justicia, éste es uno de los principales problemas, porque no tener jueces titulares retrasa mucho algunos procesos», indicaron fuentes judiciales a Clarín.
Dentro del Consejo de la Magistratura el análisis no difiere de esa idea. Fuentes oficiales indicaron que el sistema vigente «no es eficiente y la única manera de que eso cambie, sería a través de una normativa que imponga plazos mas cortos y permita que después de un tiempo razonable salgan ternas con mayoría simple».
Al complejo escenario de cargos sin jueces designados, se suma la última decisión de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la conformación actual del Consejo de la Magistratura. Ese organismo, hoy con trece miembros, podrá funcionar hasta el 15 de abril. Si en esa fecha no volvió a la conformación anterior de 20 miembros o se dictó una nueva ley, todas las decisiones serán declaradas «nulas» según ordenó la Corte Suprema.
Cuando asumió Alberto Fernández retiró del Congreso 200 pliegos cuya aprobación había quedado pendiente durante la gestión de Mauricio Macri. Pero no hubo avances para cubrirlos.
De ese universo de cargos sin ocupar hay doce que se encuentran en Comodoro Py el fuero que investiga los delitos de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero. Son tres juzgados de instrucción, dos puestos en la Cámara de Apelaciones -responsable de revisar los fallos de los magistrados de primera instancia-, un cargo en la Cámara de Casación y finalmente, seis puestos en los Tribunales responsables de realizar los juicios orales y así concluir los procesos judiciales.
Este fuero es el que más observa la Casa Rosada. Por allí pasarán varios ex funcionarios K que fueron llevados a juicio y la propia Cristina Kirchner que es juzgada por el caso de Vialidad y tiene varias causas más a la espera de que arranquen los juicios.
Ahora con los plazos impuestos para que el Consejo de la Magistratura se reordene, si no hay adecuación quedarán suspendidos desde el 15 de abril todos los concursos. Ante la consulta de Clarín, se informó desde el organismo que hasta esa fecha «se buscará avanzar lo más posibles con algunos casos», es decir, armado de ternas en cargos ya concursados y que cuenta con orden de mérito, pero no son muy optimista a la hora de reducir sustancialmente aquel 25% de cargos vacantes.
El presidente del Consejo de la Magistratura Diego Molea con sus colegas Graciela Camaño, Pablo Tonelly y el juez Alberto Lugones. Fotos Federico López Claro.
Fue la Corte Suprema de Justicia la que el año pasado, le pidió al Consejo que imprima mayor celeridad a los concursos. Lo hizo en base a las estadísticas oficiales que expusieron que en promedio se tarda 1327 días -tres años y medio- para cubrir una vacante. En el desglose, se remarcó que se tarda un promedio de 667 días desde la publicación del concurso hasta la conformación de la terna; 364 días desde la recepción de la terna en el Poder Ejecutivo, la selección de un candidato y la propuesta al Senado para el acuerdo; y 296 días corridos desde la recepción del pliego en el Senado hasta el decreto de nombramiento.
La situación suma otro dato preocupante: en el Ministerio Público Fiscal -que carece de un Procurador titular- casi el 40% de los cargos se encuentran sin cubrir.