La Fundación Apolo presentó una denuncia penal en Argentina para que se investigue la operación de una presunta organización criminal dirigida desde Venezuela, acusada de realizar tareas de persecución y hostigamiento contra ciudadanos que se exiliaron tras romper vínculos con el régimen de Nicolás Maduro. El caso central de la presentación judicial es el de José Zambrano Erazo, hijo de una exfuncionaria del Ministerio de Cultura venezolano, quien habría sido víctima de seguimientos, amenazas y vigilancia ilegal en varios países de América Latina, incluyendo la Argentina.
La denuncia, firmada por el legislador porteño Yamil Santoro y el abogado José Magioncalda, junto al responsable del área investigativa de la organización, Nicolás Silvera, y con patrocinio legal de Ignacio Falcón, fue presentada ante el Poder Judicial con el objetivo de que se investigue la presunta comisión de delitos de asociación ilícita agravada, encubrimiento y amenazas agravadas. En el escrito, a su vez, se argumentó que los hechos podrían constituir también crímenes de lesa humanidad en la medida en que estarían motivados por “razones políticas”.
Según la denuncia, los hechos se remontan al año 2017, cuando Mery Erazo, madre de José Zambrano, decidió abandonar su puesto en una secretaría de jerarquía dentro del Ministerio de Cultura de Venezuela por miedo a represalias internas. Erazo trabajaba en una dependencia dirigida por Adam Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, en un área considerada sensible por su posible involucramiento en la malversación de fondos públicos hacia el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El régimen, sostuvieron los denunciantes, habría impedido su renuncia y bloqueado su salida del país para evitar posibles “filtraciones” de información que complicara a las autoridades.