Tras la suspensión dictada por la jueza Marta Elba Pascual de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años por delitos cometidos en diverso grado, una ONG presentó una denuncia contra la magistrada.
Según lo informado por Clarín, la ONG en cuestión es Usina de Justicia, que impulsó dos presentaciones judiciales ante la decisión que suspendió por 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires.
Por un lado, pidió intervenir bajo la figura jurídica de amicus curiae en el habeas corpus que dio origen a la medida y, por el otro, formuló una denuncia penal contra dicha jueza por presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad.
