La familia de Jonathan Caro pide justicia
Este martes comenzó el juicio en contra de Walter Alejandro Díaz quien se encuentra imputado por el violento hecho ocurrido el 4 de diciembre del año pasado, en la localidad de Carbón Pozo, cuando mató a Jonathan Caro.
La familia de Jonathan pide justicia:
El caso
El pasado 4 de diciembre, cuando el imputado regresó a su domicilio luego de trabajar, su hija menor de edad le comentó que una persona había ingresado y había abusado sexualmente de ella. En ese momento, el imputado salió junto a un amigo y, de acuerdo a las descripciones físicas dadas por su hija, en busca del presunto abusador.
El agente policial se dirigió al domicilio de la víctima. Luego de golpear las manos, logró ver a Jonathan Caro y, sin mediar palabras, efectuó un disparo en el pecho, causándole la muerte a la víctima que no tenía nada que ver en los hechos.
Según las investigaciones, quien habría cometido el delito de robo y abuso sería Nahuel Armas, quien en este momento está detenido por la causa.
Los cargos a los que se enfrenta el policía de 32 años, son por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de autor.
Prisión preventiva hasta el 30 de Noviembre
Por solicitud de la Unidad Fiscal de Homicidios I del Ministerio Público Fiscal (MPF), que conduce Ignacio López Bustos, se realizó el lunes 14 de Noviembre una audiencia de prórroga de la prisión preventiva que viene cumpliendo el empleado policial Walter Alejandro Díaz.
El hombre se encuentra imputado por el violento hecho ocurrido el 4 de diciembre del año pasado, en la localidad de Carbón Pozo, donde hirió de bala a una mujer y asesinó de un disparo en el pecho a Jonathan Caro, tras confundirlo con el abusador de su hija.
El auxiliar de fiscal, Lucas Manuel Maggio, solicitó la extensión de la medida cautelar, por 16 días, a la espera de la realización del debate oral, del 22 al 30 de noviembre de este año.
“Se dan las condiciones para solicitar la prórroga teniendo en cuenta que los riesgos merituados no han variado y ante la proximidad de la fecha fijada para la realización del juicio”, indicó Maggio.
A su vez, el investigador mencionó las características del hecho al tratarse de un funcionario público que actuó empleando un arma y contra víctimas indefensas. Acerca de la conducta procesal, el representante del MPF dijo: “Intentó borrar los rastros y evidencias del delito procediendo a lavar la ropa utilizada”.
En cuanto al entorpecimiento, se buscan preservar las declaraciones de los testigos que podrían ser amedrentados. Finalmente, la jueza actuante hizo lugar a lo solicitado y la extensión de la medida cautelar hasta el 30 de noviembre.