Luego de las protestas ocurridas el miércoles pasado en la marcha por los jubilados, el Gobierno oficializó la denuncia contra militantes y barras bravas que participaron y los señaló por los delitos de sedición, atentado al orden Constitucional y la vida democrática y asociación ilícita agravada.
A su vez, también solicitó que “se requiera la declaración de incompetencia por inhibición” de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de la mayoría de los detenidos al sostener que las fuerzas de seguridad no presentaron informes claros y que se violaron derechos fundamentales.
La denuncia fue presentada por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich y también apuntó a distintos municipios, como los de La Matanza y Lomas de Zamora; al tiempo que señaló a Leandro Capriotti, hombre que aseguran es cercano al dirigente sindical, Luis Barrionuevo.
