La investigación judicial por la presunta utilización de testaferros para ocultar bienes de alto valor en Pilar ingresó en una etapa decisiva. El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky resolvió levantar el secreto de sumario y avanzar con una serie de medidas destinadas a determinar quiénes son los verdaderos propietarios de una mansión y más de 50 autos de lujo incautados durante recientes allanamientos.
La decisión del magistrado permitió que el expediente quede formalmente abierto a las partes y habilitó el envío de múltiples requerimientos a organismos públicos y empresas privadas, con el objetivo de reconstruir el movimiento patrimonial, financiero y logístico de los involucrados. La causa tiene como eje a la firma Real Central SRL y a dos personas físicas que figuran como titulares o vinculados a los bienes bajo investigación.
Entre las primeras órdenes, el juzgado solicitó a la Superintendencia de Seguros de la Nación que remita información detallada sobre todas las pólizas contratadas para vehículos asociados a la sociedad investigada, incluyendo la forma de pago y la existencia de seguros vinculados a embarcaciones o aeronaves. La intención es establecer no solo la titularidad formal, sino también quién afrontaba los costos reales de mantenimiento de los bienes.
