La Justicia federal avanzó con la investigación sobre Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito y habilitó una batería de medidas destinadas a reconstruir su situación patrimonial durante el período en el que se desempeñó como funcionario del CEAMSE.
El juez federal Ariel Lijo ordenó 20 medidas de prueba y dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del dirigente, además de autorizar el acceso a información vinculada con el mercado de capitales y reportes de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La causa fue impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita. El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni y quedó radicado en el juzgado de Lijo tras una disputa de competencia entre la Justicia porteña y los tribunales federales de Comodoro Py.
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