El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1 desestimó una solicitud que buscaba frenar la derogación de la Ley de Tierras Rurales. La presentación judicial había sido impulsada por los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot.
El magistrado Enrique Alonso Regueira determinó que los demandantes no probaron circunstancias graves que justifiquen una cautelar interina. De este modo, la desregulación dictada por el presidente Javier Milei mediante el DNU 70/2023 continúa vigente en todo el país.
Los legisladores advirtieron que la caída normativa habilita compras inmobiliarias extranjeras sin ningún tipo de tope. En su reclamo sostuvieron que “mientras la Justicia demora, se pueden concretar” ventas que generan un grave riesgo para el patrimonio nacional.
Ante este escenario, el tribunal otorgó un plazo de cinco días al Poder Ejecutivo para presentar un informe oficial. Paralelamente, diversos sectores parlamentarios convocaron a una sesión especial para el próximo 15 de octubre buscando derogar todo el decreto.
