Las universidades públicas nacionales levantaron el tono frente al gobierno de Javier Milei y anunciaron que presentarán una acción judicial para exigir la implementación plena de la nueva Ley de Financiamiento Universitario. El texto fue sancionado por el Congreso y promulgado el 21 de octubre, pero con una salvedad: su aplicación quedó suspendida hasta que se definan las fuentes de financiamiento.
En declaraciones recogidas por Radio UNR, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, sostuvo que la medida del Gobierno representa “una ley que tiene alta legitimidad política y social” y que “el Gobierno tenía la responsabilidad de ejecutarla tal como fue sancionada por el Congreso de la Nación”.
La Ley 27.795 exige una recomposición del salario docente y no docente, mayor financiamiento para becas, investigación, extensión e infraestructura universitaria. Sin embargo, el decreto de promulgación aclara que su ejecución queda condicionada a que el Congreso “determine las fuentes de financiamiento”. Según las autoridades universitarias, esto implica que “el Gobierno no cumple una ley que tiene alta legitimidad política y social”.
