Duro revés para el gobierno de Javier Milei, la Justicia ordenó la inmediata aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada meses atrás por el Congreso nacional.
El Juzgado Federal de Campana hizo lugar a un amparo colectivo y ordenó la puesta en marcha de la nueva normativa. El fallo también suspendió el artículo que obligaba al Parlamento a decir de donde sacaba los fondos para la implementación.
La causa fue iniciada con la demanda de uno grupo de padres, en representación de sus hijos menores que poseen el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Los demandantes plantearon que la paralización de la ley, impuesta por el decreto presidencial, dejaba sin protección a miles de individuos, impidiendo el acceso a tratamientos continuos, servicios de calidad y derechos básicos como la salud, la educación y la integración social.
