El Gobierno busca avanzar en un acuerdo con las universidades nacionales para modificar la Ley de Financiamiento Universitario y, al mismo tiempo, reducir el impacto de las contribuciones patronales sobre las instituciones educativas. La propuesta oficial contempla combinar un alivio en las obligaciones previsionales con un incremento de las partidas previstas para las casas de estudio en el Presupuesto 2027.
La discusión se desarrolla mientras las universidades vuelven a movilizarse en reclamo de mayores recursos y continúa abierto el conflicto judicial por la aplicación de la normativa vigente.
En la Casa Rosada reconocen que el tratamiento de las contribuciones patronales forma parte de las alternativas que están dispuestos a negociar. Sin embargo, todavía no está definida la alícuota que podría aplicarse ni existe un acuerdo cerrado con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Las conversaciones con las universidades se desarrollan por ahora de manera informal y el Ejecutivo pretende utilizar esta herramienta para reducir la diferencia entre los recursos que reclaman las instituciones y los fondos que el Gobierno está dispuesto a incorporar al Presupuesto 2027.
