Legisladores provinciales del PRO advirtieron este lunes que la marcha contra la Corte Suprema de Justicia es “un intento desestabilizador de la democracia”, al expresar su “enérgico repudio” contra la movilización convocada por sectores allegados al oficialismo para este martes.
A través de un comunicado, representantes de uno de los principales partidos opositores, nucleados en el Foro Federal de Legisladores del Pro expresaron que se trata, además, de “un claro atentado al principio republicano”.
Por otro lado, manifestaron su preocupación por la alta gravedad institucional que significa que dicha convocatoria sea apoyada abiertamente por funcionarios públicos nacionales del Poder Ejecutivo, lo que representa “un ataque hacia otro Poder del Estado, como es el Judicial, en un intento por garantizar la impunidad”.
El comunicado del PRO sobre la marcha contra la Corte Suprema de Justicia
“El kirchnerismo no entiende la división de poderes ni respeta la Constitución. Estamos frente a otro de sus atropellos, que atenta contra la justicia argentina y no podemos permitirlo”, expresaron desde el Foro y agregaron: que “están muy preocupados por controlar a los jueces y tribunales donde se tramitan las causas de corrupción que afectan a funcionarios y exfuncionarios de la década kirchnerista”.
“Desde el Foro Federal de Legisladores del PRO, sostenemos que resulta imprescindible respetar la división de poderes, que asegure un Poder Judicial independiente y eficaz, a fin de garantizar el sistema Republicano de gobierno y por eso consideramos importante repudiar toda acción que atente contra nuestra Constitución”, concluyeron.
Otros rechazos a la movilización K
La Asociación de Fiscales también cruzó al Gobierno por la marcha, convocada para este 1 de febrero, y expresó su “profunda preocupación” por el apoyo recibido desde funcionarios de la presente administración nacional.
En el texto, los fiscales le piden «al poder político a la debida prudencia que aleje toda posibilidad de vulneración de los principios republicanos al no respetar la división de poderes en el entendimiento que debe garantizarse el desempeño de sus funciones con total independencia asegurando a la comunidad el acceso a una justicia imparcial».
Advierten, además, que «la independencia de los magistrados es una obligación de la República, y su vigencia es impuesta por la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos».
«En este sentido, es obligación de los otros poderes del Estado respetarla y afianzarla, sin que ello implique la imposibilidad de auditar, con criterios objetivos y ya determinados por la ley, que contengan y respeten la autonomía de cada magistrado», finaliza el comunicado.
Por su parte, la Asociación Empresaria Argentina remarcó la»extrema relevancia de respetar a la Corte Suprema y sus autoridades».
En ese sentido, agregaron que «el reconocimiento de la dignidad de la Justicia es la base de la convivencia civilizada» y un aspecto clave para «el desarrollo económico y social sostenido».
DS