El escándalo por las irregularidades en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) puso bajo la lupa al ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio. El funcionario fue imputado por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
La medida, ordenada por el juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, incluye el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil del ministro y de varios de sus allegados, entre ellos, Claudia Pombo, ex presidenta del Concejo Deliberante de Pilar, y el juez de faltas Mario Quattrochi.
La investigación, que comenzó en octubre tras la denuncia de un particular, destapó una supuesta red de gestores que ofrecían eliminar multas de tránsito a cambio de un porcentaje del monto que los infractores debían pagar. Según los testimonios, el esquema implicaba el cobro de hasta el 30% del valor original de las infracciones, una práctica que causó significativas pérdidas económicas para la empresa Secutrans, encargada del sistema de fotomultas en la provincia.