En medio de un atribulado frente judicial externo a raíz del fallo contra YPF, el Gobierno nacional apelará a otra sentencia, en la que se le ordenó pagar 716 millones de dólares a la empresa AES Corporation por la pesificación de los contratos de concesión de la represa hidroeléctrica de Alicurá, ubicada sobre el Río Limay, entre las provincias de Río Negro y Neuquén.
La Procuración del Tesoro maneja a la apelación como la opción más fuerte a fines de postergar el proceso y las negociaciones para efectuar el pago: “No tenemos plata para pagar y tampoco nos vamos a endeudar”, agregan en el oficialismo.
La Casa Rosada debe presentar la apelación en el marco de los 120 días desde que se dicta el laudo. Esta ventana le da margen a la mesa judicial de Balcarce 50 hasta fines de septiembre.
